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La Asociación de Fiscales lleva a Europa la polémica enmienda por la que se concede a Dolores Delgado una plaza de fiscal de Sala del Tribunal Supremo al terminar su mandato como fiscal general del Estado. En una carta remitida al comisario europeo de Justicia Didier Reynders, la AF pide que adopten «las medidas oportunas» a fin de evitar el «menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad».
Según explican en nota de prensa, el objetivo de la misiva es que la alta institución europea tome conocimiento de la reforma proyectada y «llamar su atención sobre el riesgo que la misma supone para el Estado de Derecho». Asimismo, apuntan que la carta va dirigida tanto a Reynders como a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y que en la misma trasladan su honda preocupación por ese texto de la enmienda, «por derivarse del mismo mecanismos que en nada se compadecen con las recomendaciones que desde el GRECO y la propia Comisión se vienen haciendo a España con el objeto de potenciar la independencia del Ministerio Fiscal».
Recuerdan que se buscaba con las recomendaciones someter las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia y desligar el nombramiento del fiscal general del Estado de decisiones puramente partidistas. Y añaden que si bien la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es una realidad «incontestable», la reforma debería ir acompañada de la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.
«Sin embargo con la pretendida reforma se escamotearán dichos informes y da la sensación de que su finalidad última es la de premiar a la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la Institución», añaden.
Politización
La asociación informa a Reynders del contexto en el que Delgado llegó a ser fiscal general del Estado. Recuerdan que concurrió a las generales de 2019 por el PSOE, que participó en la campaña y que tras los comicios obtuvo escaño y era «ministra de Justicia en funciones cuando fue propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de fiscal general del Estado».
«No es necesario realizar esfuerzo dialéctico alguno que evidencie la regalía de la disposición para quien hoy es fiscal general del Estado», señalan sobre el punto de la enmienda que supone el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal para el fiscal general del Estado.